AP Explica: renovación de jueces en Guatemala pone a examen el historial de su cuestionada justicia

Según la Constitución guatemalteca, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las cortes de apelaciones permanecen en el cargo cinco años y están protegidos con inmunidad.

Durante los gobiernos de Morales y Giammattei, los diputados de sus partidos políticos y aliados pospusieron su renovación logrando inmunidad para algunos políticos. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano de Naciones Unidas que investigó corrupción en el país, denunció —en dos expedientes abiertos en 2018 y 2019— que “la elección de magistrados estuvo sujeta a la intervención de personas externas a la comisiones de postulación con el fin de cooptar las cortes”.

Ahora se abrió finalmente el proceso para la renovación de cortes y, entre los candidatos, hay decenas de magistrados que quieren mantenerse en su puesto. También se postularon fiscales del Ministerio Público —como Rafael Curruchiche— sancionados por el gobierno estadounidense y la Unión Europea por intentar socavar la democracia guatemalteca, o un juez que permaneció prófugo por más de un año señalado por actos de corrupción.

El Congreso de la República, en pleno y por mayoría, designan a los nuevos magistrados a partir de ternas que les envían las comisiones de postulación. Éstas han recibido algo más de 1.800 postulaciones.

Para la Corte Suprema de Justicia, se elige una nómina de 26 candidatos: 13 jueces titulares y 13 suplentes.

Para las 45 Cortes de Apelaciones, 135 titulares y 90 suplentes.

La comisión de postulación está integrada por magistrados, decanos de Derecho y abogados.

El viernes las comisiones empezaron a votar sobre los candidatos que integrarán las listas y que luego pasarán al Congreso para su aprobación. Autoridades indígenas pidieron a los comisionados que “no voten por las y los abogados señalados de causar graves daños a la justicia y a la democracia del país”.

Afuera y dentro del recinto donde discute la comisión, decenas de personas vigilaban de cerca los criterios considerados para incluir a los candidatos en las nóminas.

Según la Constitución, todos los guatemaltecos de origen, con reconocida honorabilidad, que gocen de sus derechos ciudadanos y estén colegiados pueden ser magistrados. Su función es incompatible con otro empleo, cargos en sindicatos, partidos políticos y con la calidad de ministro de cualquier religión.

El presidente Bernardo Arévalo llamó a que los profesionales de Derecho capacitados y probos aplicaran para renovar un sistema de justicia que “por años ha estado secuestrado por las mafias”.

Esta semana una misión de la OEA denunció que ya hay jueces y fiscales señalados que han recibido altos puntajes como candidatos. También señaló que recibió información sobre la injerencia arbitraria del Ministerio Público en el proceso.

La selección de nuevos magistrados para la Corte Suprema y las cortes de apelaciones es percibida como una oportunidad para sanear el sistema de justicia.

“Por los niveles de alto deterioro del poder judicial es crucial elegir magistrados probos y competentes”, apunta el abogado constitucionalista Édgar Ortiz. A su juicio, el sistema necesita de una intervención profunda y urgente con dos metas: combatir la corrupción y mejorar el servicio que se presta al ciudadano.

Por su parte, el exfiscal Juan Francisco Sandoval, que fue jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y llevó ante la justicia a abogados, jueces y magistrados que amañaron la elección de cortes en el pasado, cree que es momento de romper con un “esquema de impunidad” al que han respondido hasta ahora las altas cortes con resoluciones que respaldan a “corruptos”.

Sandoval está exiliado y denunció ser perseguido por haber investigado hechos de corrupción. "Han legitimado resoluciones que han trastocado la democracia”, subrayó.

El accidentado comienzo del gobierno de Arévalo, un progresista elegido con más del 60% de los votos con la promesa de combatir la corrupción, enfrentó una secuencia de recursos de fiscales que buscaban procesarlo e incluso anular las elecciones. Pidieron hasta en seis ocasiones levantarle la inmunidad.

Ya como presidente, Arévalo ha pedido la renuncia a la fiscal general por los cuestionamientos que arrastra.

Porras ha sido sancionada por más de 40 países por obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia guatemalteca. No obstante, su gestión es por cuatro años y finalizará en mayo de 2026.

Además, los fiscales y ahora candidatos Curruchiche, Cinthia Monterroso y Leonor Morales —bajo la dirección de Porras y con el aval del juez Fredy Orellana— participaron en la arremetida judicial contra Arévalo.

La población debe "estar atenta y expresar nuestro rechazo a esos candidatos que, sin ninguna vergüenza, se postularon a pesar de todo el daño que han causado al país, atentando contra nuestra democracia y nuestra voluntad soberana expresada en el voto”, recalcó Santiago Palomo, secretario de comunicación de Arévalo.

FUENTE: Associated Press