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SUSCRIBITELa medida afecta a 321,000 inmigrantes cubanos y haitianos que verán suspendido su acceso a este programa a partir del 24 de abril
A partir del 24 de abril, más de 321,000 inmigrantes cubanos y haitianos que ingresaron a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario perderán el acceso al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido como Food Stamps, tras una nueva decisión de la Administración Trump.
La medida fue comunicada oficialmente por el Departamento de Agricultura (USDA) el pasado 3 de abril a las agencias estatales responsables de aplicar el programa SNAP.
En la notificación, se indica que, una vez expire el estatus de parole humanitario —que fue revocado recientemente por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)—, los beneficiarios perderán su elegibilidad para recibir asistencia alimentaria, a menos que hayan adquirido otro estatus migratorio que los califique.
La revocación afecta a inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, aunque solo los nacionales de los dos primeros países tenían derecho a los beneficios adicionales de reasentamiento, como SNAP.
En total, más de 532,000 personas ingresaron bajo el programa de parole, pero la mayoría de los inscritos en SNAP pertenecen a las comunidades cubana y haitiana: 110,240 cubanos y 211,040 haitianos llegaron a EE.UU. bajo este mecanismo, aunque no se ha especificado cuántos solicitaron el beneficio alimentario.
El documento oficial excluye a aquellos inmigrantes que entraron al país utilizando la aplicación CBP One o que cuentan con un formulario I-220A, es decir, que están bajo libertad condicional mientras se resuelve su proceso migratorio, como solicitudes de asilo o revisión de estatus. Tampoco afecta a quienes hayan regularizado su situación por medio de vías como la Ley de Ajuste Cubano o el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a haitianos, vigente hasta el 3 de agosto de 2025.
La suspensión del acceso a los Food Stamps ha generado inquietud entre las comunidades afectadas, muchas de las cuales dependen de esta ayuda para garantizar su alimentación diaria.
Diversas organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes han criticado duramente la decisión, calificándola como una acción que incrementa la inseguridad alimentaria y el clima de incertidumbre para las familias más vulnerables.
Esta medida forma parte de una serie de acciones adoptadas por la Administración Trump como parte de su política de endurecimiento migratorio. En marzo, el DHS anunció el fin del programa de parole humanitario para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (programa CHNV), ordenando que los beneficiarios salgan voluntariamente del país antes del 24 de abril. De no hacerlo, podrían enfrentar procedimientos de deportación acelerada.
La única excepción se aplica a quienes hayan iniciado un proceso de ajuste migratorio, como peticiones de asilo, TPS, visas por ser víctimas de delitos o solicitudes de patrocinio familiar o laboral. Asimismo, el DHS revocó las autorizaciones de empleo otorgadas bajo el parole, dejando a miles de personas sin posibilidad de trabajar legalmente.
A medida que se acerca la fecha límite, crecen las preocupaciones por el impacto humanitario de estas políticas. Muchos inmigrantes, aún en espera de resolución a sus casos, podrían verse obligados a enfrentar el sistema sin acceso a alimentos ni empleo formal.
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