El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva con el objetivo de impedir que los recursos de los contribuyentes sirvan como incentivo para la inmigración ilegal.
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SUSCRIBITETrump ordena el fin de las ayudas federales para la Inmigración Ilegal
El presidente también indicó al DOGE que analice "todas las demás fuentes de financiación federal" de la inmigración ilegal.
ARCHIVO - El candidato presidencial republicano Donald Trump habla con Paul Perez, presidente del sindicato Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza durante una visita a la frontera sur de EEUU en Sierra Vista, Arizona, el 22 de agosto de 2024. (AP Foto/Evan Vucci) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved
La medida insta a los jefes de agencias federales a identificar y eliminar prestaciones financiadas por los contribuyentes que beneficien a extranjeros no cualificados.
La orden también apunta a estados, ciudades y condados santuario, aquellos que se niegan a colaborar con las autoridades federales en materia de inmigración. Trump ordenó revisar y suspender todo financiamiento federal que favorezca estas políticas.
Desde el inicio de su administración, el Partido Republicano ha intensificado su ofensiva contra las ciudades santuario, tanto en el ámbito mediático como en el judicial y legislativo.
La orden también instruye al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) a examinar todas las fuentes de financiamiento federal que puedan estar beneficiando a inmigrantes ilegales.
Esta medida llega poco después de que el DOGE denunciara que la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) había destinado 59 millones de dólares para alojar a inmigrantes indocumentados en hoteles de Nueva York. Como resultado, el administrador interino de FEMA, Cameron Hamilton, anunció la suspensión de estos pagos y la destitución de cuatro responsables.
Según el texto de la orden presidencial, el DOGE tendrá la responsabilidad de identificar gastos indebidos y recomendar acciones a las agencias federales correspondientes. Posteriormente, estos organismos deberán remitir cualquier uso indebido de fondos a los Departamentos de Justicia o Seguridad Nacional para que se tomen las medidas legales necesarias.
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