Varias compañías estadounidenses han presentado una demanda contra la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) tras una serie de despidos masivos que, según argumentan, fueron causados por cambios en las políticas de financiamiento de la agencia.
De acuerdo con la demanda, USAID modificó sus requisitos de contratación y financiamiento, lo que resultó en la cancelación de contratos previamente acordados. Esto llevó a que múltiples empresas despidieran a cientos de empleados debido a la pérdida repentina de fondos federales.
Los representantes de las compañías afectadas aseguran que los cambios en la política de USAID fueron abruptos y poco transparentes, lo que dejó a muchas empresas sin tiempo suficiente para adaptarse y encontrar nuevas fuentes de financiamiento.
Por su parte, USAID ha defendido sus decisiones argumentando que los ajustes en la asignación de fondos responden a una estrategia para maximizar la eficiencia de los programas de ayuda internacional y asegurar que los recursos sean utilizados de manera más efectiva.
El caso ha generado preocupación en el sector privado, ya que muchas empresas dependen de contratos gubernamentales para operar. Expertos señalan que este tipo de disputas podrían afectar futuras colaboraciones entre el gobierno y el sector privado en programas de desarrollo internacional.
La demanda sigue en proceso y podría tener implicaciones significativas en la relación entre USAID y las empresas que trabajan en proyectos financiados por el gobierno estadounidense.