La administración del presidente Donald Trump ha comenzado una serie de despidos masivos en diversas agencias federales, con el objetivo de reducir el gasto público y reestructurar el gobierno. Estos recortes, que podrían afectar a cientos de miles de empleados, forman parte de una estrategia más amplia para disminuir el tamaño del gobierno federal.
El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Elon Musk, ha sido clave en la implementación de estas medidas. El DOGE ha ejecutado recortes significativos, eliminado contratos federales y accedido a sistemas informáticos de diversas agencias. Estas acciones han generado controversia y oposición, principalmente por parte de los demócratas, quienes consideran que las medidas son ilegales y perjudiciales para los trabajadores federales.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), bajo la dirección de Robert F. Kennedy Jr., anunció la reducción de 10,000 empleos, disminuyendo su plantilla de 82,000 a 72,000 empleados, con la meta de llegar a 62,000. Esta reestructuración busca consolidar las divisiones y reducir las oficinas regionales, resultando en un ahorro anual de 1,800 millones de dólares. Las agencias más afectadas incluyen la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y los Institutos Nacionales de Salud (NIH).
Además, la Casa Blanca está considerando recortes presupuestarios sustanciales de entre el 30% y el 40% en varias agencias gubernamentales, enfocándose principalmente en la reducción de personal.
Estas medidas han generado preocupación entre los empleados federales, quienes temen por su seguridad laboral y sienten que están siendo injustamente señalados. Muchos están actualizando sus currículums y explorando nuevas opciones de carrera en preparación para posibles despidos.
La administración Trump sostiene que estas acciones son necesarias para reducir el gasto público y aumentar la eficiencia gubernamental. Sin embargo, críticos argumentan que los despidos masivos podrían debilitar la capacidad del gobierno para prestar servicios esenciales y afectar negativamente a numerosos empleados y sus familias.