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Acompañado por el también juez conservador Clarence Thomas, Alito señaló que había un "dudoso apoyo fáctico" para conceder la solicitud en una apelación de emergencia de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). El grupo argumentó que las autoridades de inmigración parecían estar actuando para reiniciar tales deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
La mayoría no proporcionó una explicación detallada en la orden emitida temprano el sábado, como es típico, pero la corte había dicho previamente que las deportaciones podrían proceder sólo después que quienes estaban a punto de ser expulsado tuvieran la oportunidad de argumentar su caso en la corte y se les diera "un tiempo razonable" para impugnar sus deportaciones pendientes.
Alito afirmó en el disentimiento, publicado horas después de la intervención de la corte contra el gobierno republicano, que "tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial tienen la obligación de obedecer la ley".
La breve orden de los jueces impidió al gobierno deportar a los venezolanos detenidos en el Centro de Detención Bluebonnet "hasta nueva orden de esta corte".
Alito agregó que el fallo "sin precedentes" fue "otorgado apresurada y prematuramente".
Escribió que no estaba claro si la Corte Suprema tenía jurisdicción en esta etapa del caso, diciendo que no se habían agotado todas las vías legales en los tribunales inferiores y que los jueces no habían tenido la oportunidad de escuchar la versión del gobierno.
"Los únicos documentos ante esta Corte Suprema fueron los presentados por los solicitantes. La Corte no había ordenado ni recibido una respuesta del gobierno respecto a las alegaciones fácticas de los solicitantes o a cualquiera de los problemas legales presentados por la solicitud. Y la Corte tampoco tuvo el beneficio de una respuesta del gobierno presentada en ninguno de los tribunales inferiores", detalló Alito.
Alito señaló que los documentos legales, "si bien alegaban que los solicitantes estaban en peligro inminente de ser expulsados, proporcionaban poco apoyo concreto para esa alegación". Destacó que, aunque la corte no escuchó directamente al gobierno sobre ninguna deportación planificada bajo la Ley de Enemigos Extranjeros en este caso, un abogado del gobierno en un asunto diferente había dicho a una Corte Federal de Distrito en una audiencia el viernes por la noche que no se planeaba que tales deportaciones ocurrieran ni el viernes ni el sábado.
"En resumen, literalmente en medio de la noche, la Corte Suprema emitió un fallo sin precedentes y legalmente cuestionable sin dar a los tribunales inferiores la oportunidad de pronunciarse, sin escuchar a la parte opositora, dentro de las 8 horas de recibir la solicitud, con un dudoso apoyo fáctico para su orden, y sin proporcionar ninguna explicación para su orden", escribió Alito. "Me negué a unirme a la orden de la Corte porque no teníamos una buena razón para pensar que, dadas las circunstancias, emitir una orden a medianoche era necesario o apropiado. Tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial tienen la obligación de acatar la ley".
El gobierno ha presentado documentos instando a la Corte Suprema a reconsiderar su suspensión.
El viernes, dos jueces federales se negaron a intervenir al tiempo que los abogados de los inmigrantes lanzaban una desesperada campaña legal para evitar su deportación. Temprano el sábado, la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito también se negó a emitir una orden protegiendo a los detenidos de ser deportados.
La ACLU ya había presentado un recurso para frenar las deportaciones de dos venezolanos detenidos en la instalación de Bluebonnet y buscó una orden que prohibiera las expulsiones de cualquier inmigrante en la región bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
En la petición de emergencia el viernes temprano, la ACLU advirtió que las autoridades de inmigración estaban acusando a otros venezolanos detenidos allí de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua, lo que los hace sujetos al uso de la ley por parte de Trump.
Sólo se ha invocado tres veces en la historia de Estados Unidos, la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial para mantener a civiles japoneses-americanos en campos de internamiento. El gobierno sostiene que les da el poder de expulsar rápidamente a los inmigrantes que identificaron como miembros de la pandilla, independientemente de su estatus migratorio.
Tras la orden unánime de la Corte Suprema el 9 de abril, jueces federales en Colorado, Nueva York y el sur de Texas emitieron rápidamente órdenes prohibiendo la deportación de detenidos bajo la ley hasta que el gobierno proporcione un proceso para que puedan presentar reclamos en la corte.
Pero no se había emitido tal orden en el área de Texas que cubre Bluebonnet, que está a 24 millas al norte de Abilene en el extremo norte del estado.
Algunos venezolanos sujetos a la aplicación de la ley por parte de Trump han sido enviados a El Salvador y encarcelados en su notoria prisión principal.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: Associated Press
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