La administración del presidente Donald Trump ha incrementado su presión sobre el gobierno panameño debido a preocupaciones sobre corrupción en la administración del Canal de Panamá y la creciente influencia de China en esta estratégica vía interoceánica. Funcionarios estadounidenses han expresado que numerosos servidores públicos panameños se han enriquecido ilícitamente, mientras que una parte significativa de la población continúa viviendo en condiciones de pobreza.
Recientemente, el congresista republicano Carlos Giménez afirmó poseer "evidencia" de que miembros de la junta directiva del Canal han recibido pagos de entidades chinas, aunque no presentó pruebas concretas ni mencionó nombres específicos. Estas acusaciones se suman a las preocupaciones de Washington sobre la influencia de China en Panamá, especialmente después de que empresas chinas adquirieran concesiones para operar puertos en ambas entradas del canal.
En respuesta a la presión estadounidense, CK Hutchison Holdings, una empresa con sede en Hong Kong, acordó vender una participación del 90% en la Panama Ports Company, que administra los puertos de Balboa y Cristóbal, a un consorcio liderado por BlackRock por casi $23,000 millones. Esta venta es vista como un intento de reducir la influencia china en la región y aliviar las tensiones con Estados Unidos.
El presidente Trump ha enfatizado la necesidad de que Panamá tome medidas decisivas para combatir la corrupción y garantizar una administración transparente del canal. Ha dejado claro que estas exigencias no son meras amenazas, sino acciones serias destinadas a proteger los intereses estratégicos en la región.
Mientras tanto, el gobierno panameño ha manifestado su compromiso de mantener la soberanía y autonomía en la gestión del canal, al tiempo que busca equilibrar las relaciones diplomáticas y comerciales con las principales potencias mundiales.