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SUSCRIBITESe cree que más de 50 venezolanos tenían previsto salir del país, presumiblemente a El Salvador, desde un centro de detención de inmigrantes en Anson, Texas
Washington, D.C. – La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó temporalmente la deportación de un grupo de inmigrantes venezolanos, presuntamente vinculados con pandillas, que se encontraban en un centro de detención en Texas. La decisión detiene su traslado a una prisión en El Salvador, en medio de preocupaciones sobre el uso de una ley histórica para justificar estas expulsiones.
En una orden emitida la madrugada del sábado, el alto tribunal instruyó al Gobierno federal a no proceder con ninguna deportación relacionada con este caso "hasta nueva orden de este Tribunal". El fallo no lleva firma, pero se sabe que los magistrados conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito manifestaron su desacuerdo públicamente.
Detenciones y apelaciones urgentes
Los inmigrantes afectados se encuentran recluidos en el Centro de Detención Bluebonnet, en Anson, Texas. Según abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), más de 50 personas estaban listas para ser trasladadas, aparentemente hacia El Salvador, cuando se activaron recursos legales de emergencia el viernes por la tarde.
La ACLU denunció que algunos detenidos ya habían sido subidos a autobuses sin haber tenido la posibilidad real de impugnar su expulsión, lo cual contradice una orden previa del propio Supremo, que exige que cualquier afectado bajo esta legislación tenga derecho a un proceso judicial justo.
Los abogados que representan a varios de los venezolanos sostienen que sus clientes no tienen vínculos con la organización criminal conocida como Tren de Aragua. Afirman que muchos fueron señalados injustamente por tener tatuajes, sin pruebas de haber cometido delitos.
Desde que comenzaron las deportaciones, más de 200 inmigrantes —la mayoría de nacionalidad venezolana— han sido enviados a prisiones salvadoreñas de máxima seguridad, según cifras no oficiales.
Una ley del siglo XVIII en el centro del debate
El expresidente Donald Trump reactivó el mes pasado la Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798, para justificar la detención y expulsión de supuestos miembros del Tren de Aragua. Esta norma solo había sido utilizada anteriormente en contextos de guerra, como durante el conflicto de 1812 contra el Imperio británico y durante las dos guerras mundiales.
La administración Trump sostiene que, al haber declarado a la organización venezolana como grupo terrorista, puede aplicar esta ley para proteger la seguridad nacional. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos civiles cuestionan el uso de una legislación tan antigua y excepcional para tratar casos migratorios actuales.
Riesgo de deportaciones sin proceso
En su recurso de emergencia, la ACLU advirtió que los inmigrantes detenidos corrían el riesgo de ser expulsados del país “sin previo aviso ni oportunidad de ser escuchados”. La organización alertó que muchos de ellos ya se encontraban camino al aeropuerto al momento de presentar la apelación.
La decisión de la Corte Suprema no resuelve el fondo del caso, pero impone una pausa crucial mientras se evalúan las garantías legales que deben recibir los migrantes en proceso de expulsión bajo esta ley excepcional.
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