La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha estado en el centro de una polémica tras recibir instrucciones para destruir una amplia gama de documentos, incluyendo materiales clasificados y registros personales. Esta directiva, emitida por la secretaria ejecutiva interina de USAID, Erica Carr, ha generado alarma entre sindicatos de empleados gubernamentales, que han presentado una moción judicial para detener la destrucción. Argumentan que esta acción viola las leyes federales de conservación de registros y podría eliminar pruebas cruciales en su demanda contra los esfuerzos de la administración Trump por desmantelar la agencia.
La Casa Blanca ha respondido calificando estos informes como "noticias falsas", asegurando que los documentos en cuestión eran antiguos y que las versiones originales permanecen en sistemas informáticos clasificados. Además, se ha indicado que la destrucción de documentos se llevó a cabo conforme a la Ley de Registros Federales, enfocándose en materiales no esenciales.
Este incidente se produce en un contexto de reducción de operaciones de USAID bajo la administración Trump, que ha llevado a despidos masivos y cancelaciones de programas. Los demandantes, apoyados por organizaciones como Oxfam América, sostienen que la administración excedió su autoridad al desmantelar una agencia independiente establecida por el Congreso. Advierte que la pérdida de registros vitales podría obstaculizar la capacidad de USAID para reanudar sus operaciones en el futuro.
El juez de distrito Carl Nichols ha solicitado a ambas partes que presenten un informe de estado para establecer un calendario de informes sobre la moción. Este desarrollo añade complejidad a las crecientes preocupaciones sobre el manejo de USAID y sus fondos por parte de la administración actual.
