Un jurado federal en Kentucky ha declarado culpables a tres individuos por un esquema de fraude que defraudó más de 8 millones de dólares a los programas de salud pública Medicare y Medicaid.
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SUSCRIBITEUn médico, un director ejecutivo y una gerente de facturación fueron declarados culpables de defraudar a los programas de salud pública mediante la facturación de servicios médicos falsos y el uso indebido de credenciales en centros de tratamiento de adicciones
Un jurado federal en Kentucky ha declarado culpables a tres individuos por un esquema de fraude que defraudó más de 8 millones de dólares a los programas de salud pública Medicare y Medicaid.
Los condenados son el médico José Alzadon, de 61 años, residente de Paintsville; el director ejecutivo Michael Bregenzer, de 52 años, originario de Richmond, Texas; y la gerente de facturación Barbie Vanhoose, de 62 años, de West Van Lear, Kentucky.
El veredicto fue emitido el 20 de marzo de 2025.
Según la Administración para el Control de Drogas (DEA), los acusados operaban a través de los Centros de Adicción de Kentucky (KAC), ubicados en Winchester, Paducah, Paintsville y London.
El esquema consistía en facturar servicios médicos no realizados o inflar la complejidad de los mismos.
Además, utilizaron la identidad del padre de Alzadon para sortear problemas de acreditación y emplearon sus credenciales de la DEA para prescribir Suboxone, un medicamento controlado para la adicción a opioides, a pacientes que nunca fueron atendidos por él.
Cada acusado enfrenta múltiples cargos, incluyendo conspiración para cometer fraude en atención médica, fraude en atención médica y conspiración para distribuir sustancias controladas utilizando el número de registro de la DEA de otra persona. Las posibles sentencias alcanzan hasta diez años de prisión por cada cargo de fraude y conspiración, más cuatro años adicionales por la distribución ilegal de sustancias controladas.
Alzadon y Vanhoose también fueron condenados por robo de identidad agravado, lo que conlleva un mínimo obligatorio de dos años adicionales de prisión. Las audiencias de sentencia están programadas para junio de 2025.
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